La visita del Papa Benedicto XVI dentro de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es mucho más que una visita. El desorbitado coste económico, la financiación, y el uso de personal, instalaciones e infraestructuras públicas para la misma, es lo que hace cuestionar el evento. Todo ello, por no hablar del distanciamiento cada vez mayor de la cúpula eclesial con el catolicismo de base, ese que trabaja a pie de calle y es el sector más crítico con el acto de prepotencia que supone esta visita.
Aunque desde el poder político y la alta jerarquía de la Iglesia católica se insista por un lado, en lo minoritario de las reacciones y críticas, y por otro, en la “amplia mayoría” de apoyo social, la realidad es bien distinta.
Ni tanto ni tan pocos. No se trata de atacar una opción religiosa ni de “perseguir a sus fieles”. La inquisición ya pasó y nadie pretende cambiar los papeles que se jugaron ni investir de presente y laicidad un momento histórico tan característico. Seamos coherentes. El artículo 16 de la Constitución española de 1978, determina la aconfesionalidad de nuestro país, situando al mismo en un limbo de neutralidad confesional muy difícil de llevar a la práctica. Es del todo imposible que un estado permanezca impasible, como un naúfrago, ante la realidad social. Las consecuencias de no haber tomado partido por ninguna de las opciones y tratar de contentar a todo el mundo (situémonos en el año 1978) se visualizan hoy más que nunca. Hemos pasado de un estado aconfesional a uno pluriconfesional de facto.
Entrar a desgranar y hacer crítica de los fundamentos religiosos que mueven la visita no es, ni de lejos, el objeto de este artículo. Pero sí lo es todo lo que rodea y afecta a toda esa ciudadanía que no profesa la religión católica o la profesa con otros criterios, y más aún, a lo que vienen siendo las arcas públicas, las de todas y todos sin excepción.
Cuando el Papa habla de matrimonios y parejas homosexuales, de la vida sexual de las personas, de derechos reproductivos, y de familias no consideradas por la Iglesia como “tradicionales”, está excluyendo a una parte muy importante de nuestra sociedad. Se está olvidando por completo de la diversidad social e ideológica que enriquece la misma. Ahora bien, no sigue el mismo patrón a la hora de excluir los impuestos con los que contribuyen todos estos ciudadanos y ciudadanas para mantener las infraestructuras y servicios públicos de los que Benedicto XVI y su séquito van a financiar y hacer uso. Debe ser que el bolsillo no tiene tradicionalidad alguna.
El paseo pastoral supone una partida importante de gasto extraordinario para las instituciones públicas. La cuantía total es difícil de calcular a priori pero ciertas pinceladas pueden facilitarnos la tarea. Beneficios fiscales para empresas sufragadoras, traslado de papamóviles; seguridad, logística y limpieza de todas las ciudades preparadas para el evento y cesión de infraestructuras públicas (aeródromo incluido), por citar algunas. En general, las instituciones públicas costearán la mitad de lo que supondrá el peregrinaje papal y que podría alcanzar, según la prensa española e internacional, la nada desdeñable cifra de 50 millones de euros. Todo ello, enmarcado no en una visita de estado (en concreto de uno que se permite el lujo de no haber firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos), sino en la visita de un líder religioso. Hay que ser muy sagaz para encontrar la lógica, o quizá no tanto.
En fin, que lo de la crisis parece que se queda pequeño al lado del tema de la confesionalidad. Al final, hay dinero para rescatar a la banca, sanear las cajas y comprar activos financieros de banqueros en dificultades. Hay dinero para incentivar fiscalmente a grandes empresas y salvaguardar grandes patrimonios. Y hay dinero para invertir en la fiesta de una macro-confesión religiosa. Pero no lo hay para mantener el gasto público, ayudar a las familias, dejar de hacer bajadas indiscriminadas de sueldo al cuerpo de trabajadores y trabajadoras públicas. Tampoco para no congelar pensiones y llevar a cabo reformas laborales siempre del mismo lado. En resumen, algo inverosímil: la cantidad de dinero público acaba siempre siendo algo subjetivo.
Y es que hay verdades inmutables, y ante un mismo hecho, dos varas de medir.
No es que nos deba de preocupar que Benedicto XVI desee saludar a sus fieles en nuestro país, faltaría más, lo que sí debería preocuparnos cada vez más, es que nuestras instituciones y autoridades decidan hacer inversión pública donde menos se necesita y decidan el destino de los fondos públicos olvidándose por completo de quien los genera. La distribución del presupuesto público debe empezar a priorizarse como punto de partida para salir de la situación actual. Es imprescindible.
Y es por todo esto que, imbuidos de razón y de lógica, numerosas personas a título individual y organizaciones cristianas, laicas y ateas, han suscrito el manifiesto “De mis impuestos, al Papa Cero” denunciando el desvío de recursos públicos para fines privados y “el rechazo a la confusión y connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional”. Desde aquí, nos sumamos al mismo y aprovecho la ocasión para invitar a la ciudadanía a hacerlo. Tanto despilfarro no es de recibo.