Algunas de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida se contemplan en la nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo: el refuerzo de la educación afectiva y sexual para lograr una mayor prevención de embarazos no deseados y la regulación de la objeción médica al aborto. No así la gratuidad de los métodos anticonceptivos y el pleno respeto a la autonomía y responsabilidad de las mujeres, otro de los caballos de batalla de IU.

Desde IU Rivas creemos que la entrada en vigor ayer de la nueva Ley, supone un paso más en el reconocimiento de los derechos que toda mujer debe tener para decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva. Aún queda mucho por hacer y siguen existiendo vacíos legales que pretenden ser cubiertos con compromisos y no con regulación.

La nueva Ley es más respetuosa con la libre decisión de las mujeres sobre su propio embarazo y acaba en parte con la falta de seguridad jurídica existente. La normativa debe comenzar a aplicarse si el recurso interpuesto por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra ante el Tribunal Constitucional, no hacen que la misma sea suspendida cautelarmente. La interrupción voluntaria del embarazo es, ahora y con ciertas limitaciones, un derecho legal para todas las mujeres. 

Aún con un recorte de plazos, se reconoce hasta las 14 semanas de gestación, y a las mujeres mayores de 16 años, la libre decisión de abortar. Con 16 y 17 años, la menor deberá ir acompañada al menos de uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores, salvo que pueda darse conflicto grave, coacciones o violencia intrafamiliar. El plazo se amplía hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la vida o salud de la mujer o anomalías del feto, con necesidad en este caso de dictamen médico.

Lamentablemente la mayoría parlamentaria sigue creyendo que cuando una mujer ha decidido interrumpir un embarazo no deseado, no lo ha “pensado del todo” o le faltan al menos tres días de “plena responsabilidad” para tomar su libre decisión.  Tres días es el plazo a que nos obliga la Ley para reflexionar sobre el aborto antes de poder ejercer nuestro derecho. En esos días las mujeres recibirán diversa información sanitaria y social en un sobre cerrado. 

La posibilidad de acudir a la Seguridad Social para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, hace que la misma se convierta en una prestación pública y gratuita amparada por nuestra legislación. 

Desde IU se ha exigido la regulación de la objeción de conciencia, para evitar que la misma fuese el coladero de la Ley y la imposibilidad real de aplicarla. La nueva normativa sigue contemplando la objeción de conciencia médica, pero otorga prevalencia a la garantía legal y sanitaria para la mujer de llevar a cabo su decisión, ya que en caso de objeción médica, las autoridades sanitarias han de reconocer a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación (artículo 19.2 de la Ley). 

La mejor manera de abordar un tema como el aborto no es desde la legislación penal, como ha venido sucediendo en este país hasta este mes de julio y como ha venido defendiendo Izquierda Unida de manera reiterada, sino la educación afectiva y sexual desde edades tempranas y la prevención de embarazos no deseados. 

Es una pena que no vaya a darse la igualdad territorial en la aplicación de la Ley a tenor de las últimas noticias sobre Comunidades Autónomas que practican la insumisión legal y la coerción a los derechos de su ciudadanía. Un Estado que no da marco jurídico a las mujeres para que las mismas decidan libre y responsablemente sobre todas las cuestiones que afecten a su sexualidad y salud reproductiva (libertad para tener descendencia), es un Estado que niega y deja carente de derechos a más de la mitad de su población, la femenina. 

La interrupción voluntaria del embarazo debe ser un derecho y una prestación pública y gratuita para todas las mujeres. Y el Estado tiene la obligación de garantizar y poner a su disposición el marco y la seguridad jurídica que lo ampare. Desde Izquierda Unida de Rivas seguiremos apoyando y reivindicando con nuestro trabajo diario para que así sea. 

Ahora sólo nos queda esperar, que nuestro Gobierno regional no decida nuevamente vetar nuestro derecho.