La Comunidad de Madrid ha decidido poner fin al consenso alcanzado en julio, que unía a todas las administraciones afectadas, y se ha desmarcado unilateralmente de un acuerdo histórico para el desmantelamiento de los asentamientos ilegales y la recuperación de la Cañada Real Galiana. Del gobierno regional depende que no se tiren por tierra meses de complicadas negociaciones, y no dar la espalda a las administraciones implicadas y la ciudadanía. En esa huída hacia delante, han primado una vez más los intereses especuladores que la capacidad para poner en práctica una solución real que dé respuesta a los problemas sociales, de ordenación urbanística, inseguridad, degradación medioambiental y grandes puntos de venta de droga, que confluyen en la vía pecuaria.

El Anteproyecto de Ley que ahora pretende presentar la Comunidad de Madrid en solitario, es un texto modificado a conciencia en el que no sólo cambia el espíritu de la Ley sino que se introducen nuevos párrafos y se sustituye parte del articulado. No se trata de un problema de plazos, como pretenden hacernos creer desde la portavocía del gobierno regional, ni de un problema de interpretación; nada más lejos de la realidad. Con este nuevo Anteproyecto, la Comunidad de Madrid puede ceder y vender ese suelo, previamente declarado bien patrimonial suyo, directamente a los particulares, como un negocio jurídico más de los contemplados en la Ley. Ya no se obliga a ceder dichos terrenos a los Ayuntamientos afectados para que éstos puedan reordenarlos urbanísticamente y llevar a cabo los censos poblacionales necesarios, evitando así que a través de testaferros se dé carta de legalidad a quienes se han aprovechado de esa ‘tierra de nadie’ para instalar grandes mansiones y negocios ilícitos.

Dar carta blanca a los asentamientos ilegales y al crecimiento poblacional que ciertos tramos de la Cañada Real han experimentado, es cuanto menos peligroso, sino temerario; ahora bien, ¿para quién?, sin duda para los Ayuntamientos afectados, su ciudadanía, y para las personas que habitan hoy esta antigua vía pecuaria en situaciones de extrema precariedad, pero no para la señora Presidenta, a ella le debe “pillar” lejos.

El PSOE, tras haber presentado su propia propuesta al margen del consenso y en solitario, y de haber apoyado luego el acuerdo de todas las Administraciones, ahora, a través de su secretario general en Madrid Tomás Gómez, da un nuevo giro y avanza lo que parece ser un apoyo a este “nuevo” Anteproyecto de Ley que de manera unilateral quiere presentar el gobierno regional.